La Administración no estuvo a la altura


El Sindic de Greuges pega un tirón de orejas a la Administración Valenciana por cuanto reconoce que ha trabajado bajo mínimos, cuando las demandas sociales se situaban en máximos

El Sindic de Greuges, (nuestro Defensor del Pueblo) de la Comunidad Valenciana acaba de presentar en las Cortes el informe del año 2020;https://www.elsindic.com/wp-content/uploads/2021/04/informe-anual-2020-castellano.pdf

Su dictamen no es vinculante, pero tiene “auctoritas”, esto quiere decir que tiene autoridad para ejercer cierta influencia en el ámbito político y social.

Su función es la de velar por el cumplimiento y respeto de los derechos y libertades que asisten a las personas ante la Administración local y autonómica. Sus recomendaciones debieran tenerse en cuenta para mejorar el funcionamiento de la Administración Pública.

La legitimidad de la institución se refuerza cuando afirma que “Una institución encargada de la defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas debe ser extremadamente crítica a la hora de valorar cualquier limitación de éstos, exigiendo medidas proporcionadas y motivadas”.

La memoria que ha presentado el Síndic es demoledora al reconocer la gravedad de los Derechos Fundamentales suspendidos, la tibieza en la argumentación y la poca proporcionalidad justificada a la hora de limitarlos. Alega el Sindic que “ha recibido quejas basadas en restricciones de derechos, como la libertad de movimientos, de reunión, etc., que tenían como consecuencia la limitación de actividades económicas o de ocio, mayoritariamente”.

Reconoce la institución que las amplias facultades de actuación que los sucesivos estados de alarma han concedido a las administraciones públicas, y que posiblemente se mantengan mientras dure el riesgo sanitario, requieren de alguna reflexión dirigida al buen uso de las mismas.

Se lleva la palma las reclamaciones que afectan a la Conselleria de Igualdad y políticas inclusivas. Muchas de ellas tienen una demora de hasta cuatro años para ser resueltas

El Sindic afea la falta de seguridad jurídica por la excesiva pluralidad de normas dictadas durante la crisis sanitaria y recomienda o aconseja instrumentos jurídicos de refundición de normas para facilitar su cumplimiento y garantizar un principio esencial en un Estado de Derecho. “Lo cierto es que la falta de transparencia respecto de datos epidemiológicos, análisis, informes o justificaciones tampoco ha ayudado a la comprensión ciudadana de la necesidad y oportunidad de las prohibiciones o condicionantes acordados”.

Pega un tirón de orejas a la Administración Valenciana por cuanto reconoce que ha trabajado bajo mínimos, cuando las demandas sociales se situaban en máximos. “Ha sido la sociedad civil, entes festeros, asociaciones vecinales, deportivas, etc, los que han proporcionado la ayuda que en los peores momentos no llegaba por los conductos oficiales”.

Recuerda el Sindic que se ha dado una falta de respeto hacia los derechos de los ciudadanos que “pone de manifiesto una manera de entender el ejercicio del poder muy alejada de los usos democráticos más recomendable”.

El rapapolvo es impresionante y no lo digo yo, sino un destacado socialista (Ángel Luna), aunque, si se me permite, yo también lo haya dicho.

Puede verse mis artículos al respecto:Estado de alarma, Seguridad Jurídica y arbitrariedad; The Conversation 13/5/2020Defender la democracia; 4/12/2020: https://www.esdiario.com/elche/345193575/Defender-la-democracia.htmlUn año maldito: 17/3/2021  https://www.esdiario.com/elche/540501581/Un-ano-maldito.htmlEn cuanto a los datos del Informe, se puede resaltar que los alicantinos nos hemos quejado el doble que los ciudadanos de Castellón y también mucho más que los ciudadanos de Valencia.

El 92% de las quejas se han formalizado en castellano y el 8% restante en valenciano.

Se lleva la palma las reclamaciones que afectan a la Conselleria de Igualdad y políticas inclusivas. Muchas de ellas tienen una demora de hasta cuatro años para ser resueltas.

Sería aconsejable que las pertinentes administraciones tomen nota de las recomendaciones y mejoren su funcionamiento para el año próximo. Los ciudadanos nos lo merecemos.

Victoria Rodríguez-Blanco

Jurista y politóloga

Artículo publicado en esdiario


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